La problemática con unos okupas en un bloque situado en la avenida Santiago Rossinyol de Les Borges Blanques (Les Garrigues) continúa. Los vecinos, hartos de delincuencia, de ruidos y de actos incívicos, se reunieron delante de la oficina de Caixabank, empresa propietaria de 50 de los 77 pisos de este edificio, donde hay 41 viviendas okupadas sin el consentimiento del propietario.
Los vecinos del pueblo tienen pánico y más tras la llegada de 50 miembros de una familia procedente de Tarragona, que acumula una gran cantidad de delitos. Sin ir más lejos, hace unos días robaron vehículos y los quemaron. Piden a la Policía Local, a los Mossos de Esquadra y al Ayuntamiento que encuentren una solución y que puedan vivir tranquilos.
Lo que encuentran son servidores públicos que miran para otro lado. Políticos pasivos que compran el discurso bonista y que no condenan con suficiente firmeza el problema de la delincuencia. Aseguran que los inquilinos son personas vulnerables sin alternativa habitacional y que no pueden quedarse en la calle. El alcalde, Josep Ramon Farran ha respondido con palabras vacías y que no solucionan las necesidades de las verdaderas víctimas, que son los vecinos propietarios que sufren las 'costumbres' de los ocupantes.
Aliança Catalana al lado de los vecinos del pueblo
Este periódico se ha puesto en contacto con el diputado de Aliança Catalana en las comarcas de Lleida, Ramon Abad y nos ha explicado que su formación "quiere una justicia clara, directa y expeditiva en el tema ocupacional de las viviendas". Añaden que "somos un pueblo con valores catalanes y respetuosos con la propiedad privada fruto del esfuerzo". En este sentido, está dispuesto a "trabajar por y para los catalanes y a pisar la calle para escuchar los problemas reales de la gente".
En este sentido, Abad critica el sistema judicial actual, demasiado permisivo con los okupas y nada protector con los propietarios que sufren la ocupación. Es por este motivo que propone una regulación inmediata para que se pueda desalojar "inmediatamente" a todas aquellas personas que no puedan acreditar ser propietarios o tener un contrato de alquiler.
La solución, según el diputado, pasaría por la creación de un juzgado especializado en materia de ocupaciones, que llevaría estos trámites y que permitiría a los propietarios recuperar su vivienda de manera rápida y eficaz.