Según ha publicado ACN, el Casal Popular La Metxa de Ripoll ha denunciado que el Ayuntamiento ha ordenado el cierre temporal del local, que es privado. El 24 de mayo recibieron la notificación donde se decía que no habían resuelto un requerimiento del 2023. La entidad asegura desconocer qué se ha hecho mal a nivel de tramitación y cuestiona que el Ayuntamiento hable de "riesgo por la seguridad y la convivencia". Creen que la decisión "no es casualidad" y que la alcaldesa Sílvia Orriols y el partido de extrema derecha que lidera quieren "dinamitar la disidencia política e impedir la participación popular". Desde el Ayuntamiento explican que ha abierto un requerimiento por falta de "título habilitante" de la actividad y por quejas de establecimientos sobre un servicio de bar sin permisos.
Desde el Casal Popular La Mecha de Ripoll no están de acuerdo con la medida cautelar y denuncian que, "mediante una comunicación aparentemente neutral como no cumplir un requerimiento, se esconde un objetivo concreto: eliminar la disidencia política a Ripoll". En un comunicado, señalan que "hay maneras menos lesivas de velar por el riesgo y la seguridad" que aplicar un cierre del local donde se hacen reuniones, charlas y otras actividades "abiertas a cualquier colectivo antifascista que quiera participar".
De todo ello se ha hecho la propia Sílvia Orriols, que ha publicado un mensaje en la red social X, en la que deja claro que la decisión de la Batllia de Ripoll no responde a cuestiones ideológicas, sino que se explica por el presunto incumplimiento de la normativa municipal, en concreto, la normativa que obliga los bares a tener una licencia que les habilita para servir comidas y bebidas.
Aplicación de la normativa municipal
La Batllessa de Ripoll se ha limitado únicamente a cumplir con la normativa. Permitir que un establecimiento se haga llamar 'bar' cuando, presuntamente, no dispone de los permisos necesarios, es una competencia desleal intolerable respecto de los demás establecimientos que sí disponen de licencia para un local bar.
Solo por citar algunos ejemplos, todos los establecimientos que se dedican a la restauración y a la venda de comida y bebida, tienen que tener seguros de responsabilidad civil, pasar controles de sanidad, disponer de salidas de humos, tener cuantificado el aforo máximo y no sobrepasarlo, etc.
La decisión de Orriols no tiene nada que ver con sus ideas políticas. Los afectados están utilizando el victimismo y las acusaciones habituales sobre la batllessa para cuestionar su decisión. Si no se cumplen los requisitos, su deber es precinar el local. Si no lo hiciera, estaría prevaricando. Lo que no puede ser es saltarse la Ley solo por tener unas ideas políticas.
Plazo para hacer alegaciones
Los responsables del 'bar' tendrán la posibilidad de hacer alegaciones y aportar documentación para cuestionar la decisión del Ayuntamiento. Las resoluciones de todas las administraciones públicas son recurribles, de modo que si los responsables del Casal La Metxa consideran que cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa municipal, no tendrán ningún problema y su local volverá a abrir sus puertas. De lo contrario, permancerá cerrado.