La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha respondido a la solicitud de información que le envió la delegación del gobierno español a Cataluña asegurando que el Ayuntamiento cumple con la normativa en materia de empleado en tiempo y forma. "Sorprende, en este sentido, las diferentes noticias que han aparecido en los medios de comunicación, así como también el propio requerimiento efectuado por parte de la subdelegación", apunta en la respuesta, avanzada por el diario 'El Periódico' ya la que ha tenido acceso la ACN.
En la misiva, que se dirige formalmente a la subdelegación en Girona, Orriols asegura que "el procedimiento que sigue el Ayuntamiento de Ripoll en relación al empadronamiento no supone vulneración alguna del ordenamiento jurídico vigente". Orriols responde así a la solicitud de información que impulsó el delegado del gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y lo hace en el plazo que se le dio.
Además Orriols ha publicado un contundente tweet afirmando que seguirá evitando que nadie se empadrone de forma fraudulenta.
La alcaldesa, que se pone a disposición del gobierno español por si necesita más información, detalla el procedimiento para tramitar el empadronamiento, que se inicia con la presentación de una solicitud con la aportación de la documentación preceptiva.
Habiendo obtenido el registro general de entrada, "se procede al análisis de la documentación presentada", continúa la alcaldesa, que remarca que durante la fase de instrucción del expediente, y antes de dictar resolución, "en determinadas ocasiones y en función de casuísticas puntuales, se requiere el apoyo de la Policía Local o bien del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès para que se dicten los informes respectivos, a fin de dar cumplimiento a las instrucciones técnicas sobre la gestión del padrón municipal” . Una vez firmado el informe jurídico, se dicta decreto de alcaldía en el que se estima o desestima la solicitud.
“En todo momento, el Ayuntamiento da cumplimiento en la tramitación de los expedientes de empadronamiento” a las instrucciones técnicas que deben seguir los ayuntamientos en esta materia, insiste Orriols, quien remarca que “en ningún caso se superan los plazos legales para la resolución de las peticiones formuladas” y que se resuelven los expedientes por orden de petición.