Barcelona es la ciudad del Estado donde el precio del alquiler fue mayor por metro cuadrado durante el año pasado, según un informe publicado este viernes por Fotocasa. Así, la capital catalana cerró el 2023 con un precio de 20,96 euros por metro cuadrado al mes y un incremento del 7,2% en comparación con el 2022. Traducido a un piso de 80 metros cuadrados, el precio del alquiler quedaría establecido en 1.676 euros al mes.
En segundo lugar, se situó el municipio balear de Calvià, con 20,33 euros por metro cuadrado y una subida anual del 5,5%, seguida de San Sebastián, con un precio medio de 20,15 euros por metro cuadrado y un incremento del 11%, por lo que un piso de 80 metros supone pagar 1.612 euros mensuales. Si se compara el precio del alquiler en Barcelona con la media en el Estado, en la capital catalana se sitúa un 79,8% por encima.
El precio máximo por metro cuadrado en Barcelona alcanzó su máximo en noviembre, cuando quedó fijado en 21,13 euros por metro cuadrado. Entre los diez municipios más caros del Estado para alquilar una vivienda, también aparecen más catalanes. En sexto lugar, se encuentra L'Hospitalet de Llobregat, con un precio de 18,85 euros por metro cuadrado, un 13,8% más que en 2022, justo por detrás de la ciudad de Madrid, con 18,99 euros (+7 ,7%); y entre octavo lugar aparecen Castelldefels y Sant Cugat del Vallès, con 18,21 euros (+15,8%) y 18,03 euros (+9,7%), respectivamente.
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha advertido de que los precios se podrían ir encareciendo más mientras que no exista un aumento de la oferta que haga "equilibrar el mercado". "Estos municipios han sufrido una contracción de la oferta de vivienda disponible muy significativa que ha derivado en que el parque de alquiler esté bajo mínimos. Por eso se marca un récord de precio prácticamente cada mes", afirma Matos.
Las medidas intervencionistas han provocado un aumento de los precios
Hay varios puntos clave que explican por qué los precios de alquiler en Barcelona no han disminuido a pesar de las regulaciones implementadas:
Efectos de la regulación de precios: La implementación de controles de precios en el mercado de alquiler, como la Ley 11/2020 en Cataluña, ha tenido consecuencias inesperadas. Aunque se buscaba reducir los precios de alquiler, la evidencia sugiere que ha habido un efecto inverso en las viviendas más baratas, cuyos precios han tendido a aumentar. Esto se debe a que los propietarios ajustan sus precios al máximo permitido por la ley, lo que puede llevar a un incremento general de precios en el mercado.
Disminución de la oferta: La regulación ha causado una reducción en la oferta de viviendas en alquiler. Muchos propietarios han optado por retirar sus propiedades del mercado o convertirlas para la venta, reduciendo así el número de viviendas disponibles para alquilar. Esto, a su vez, crea una escasez artificial, lo que puede llevar a un aumento en los precios de alquiler.
Desincentivos para la inversión: Las restricciones en los precios de alquiler desincentivan la inversión en el sector inmobiliario. Esto se debe a que los propietarios y los inversores ven reducidas sus expectativas de retorno, lo que conlleva a una disminución en la construcción y renovación de viviendas, exacerbando aún más el problema de la oferta.
Mercados paralelos y alquileres turísticos: La regulación de precios ha incentivado la creación de mercados paralelos y el aumento de los alquileres turísticos y temporales. Los propietarios buscan formas de eludir las restricciones, lo que lleva a una disminución de la oferta de alquileres convencionales y, en consecuencia, a un aumento de los precios.
La solución para la asequibilidad de la vivienda no pasa por la regulación de precios, sino por aumentar la oferta. Esto se puede lograr a través de la colaboración público-privada, ofreciendo incentivos fiscales a los propietarios para que pongan sus propiedades en el mercado de alquiler, y mejorando la seguridad jurídica para los propietarios.