Una de las personas que se encontraban en el piso incendiado en Calella (Maresme) es uno de los acusados de haber provocado otro incendio en otro piso muy cercano al lugar de los hechos, hace poco más de un mes. Es, de hecho, una de las personas que integra al grupo de multirreincidentes fichados por la Policía Local y que ha provocado varios incidentes en las últimas semanas.
Sin embargo, en el incendio de este lunes todo apunta a que se trataría de un accidente, según los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, la investigación todavía está en marcha y las hipótesis están abiertas. Algunas fuentes indican que se trataría de una venganza. Al menos en un primer momento se pensaba así. El giro del accidente abre nuevas posibilidades.
En cuanto al resto de implicados –la persona muerta y una tercera persona– no han trascendido más datos, pero sí se trataría de un piso "conflictivo", según fuentes cercanas a los hechos. Algunos vecinos, de hecho, le habrían señalado como piso ocupado ilegalmente, pero este extremo ha sido desmentido por fuentes municipales. La propiedad era de una de las personas que vivía allí, heredada de su madre, según las primeras informaciones.
Doble moral de los políticos de la zona
Los alcaldes de Junts per Catalunya en la comarca del Maresme han expresado su apoyo a la petición del alcalde de Calella, Marc Buch, quien ha solicitado un cambio en la ley para permitir la expulsión de delincuentes extranjeros multirreincidentes. Esta petición surge como respuesta a problemas de seguridad en la región, y se centra en los delincuentes que, según Buch, han hecho de la delincuencia su sistema de vida. La solicitud incluye cambios legales para combatir la multirreincidencia y las ocupaciones, buscando poner fin a la impunidad de quienes cometen delitos repetidamente.
Unos alcaldes que, después no hacen nada en base a las competencias que tienen para solucionar estos problemas. Al contrario, no tienen reparos en dar ayudas sociales a personas tan problemáticas.
La posición de Buch y otros alcaldes del Maresme ha generado respuestas diversas. Mientras que algunos apoyan la necesidad de medidas más estrictas, otros se han quejado. Es el caso de partidos políticos como ERC y la CUP, que directamente tachan de "racista" a quien exige que se tomen medidas contra personas que han hecho de la delincuencia su forma de vida.