Recientes datos oficiales de la Generalitat de Catalunya, fechados al 30 de junio de 2024, han sacado a la luz una realidad que invita a una profunda reflexión. Las cárceles catalanas albergan actualmente a 511 jóvenes de entre 18 y 22 años, la cifra más alta de los últimos 11 años según Servicios Penitenciarios. Lo que resulta particularmente llamativo es que más del 75 % de estos reclusos son extranjeros.
De estos 511 jóvenes privados de libertad, 386 son de nacionalidad extranjera, representando exactamente el 75,43 % del total. Dentro de este grupo, destaca la nacionalidad marroquí. Con 236 internos, los jóvenes marroquíes constituyen el 46,18 % de los reclusos en este rango de edad. Este dato adquiere mayor relevancia al considerar que las personas de nacionalidad marroquí en Catalunya suman 234.054, lo que equivale al 2,92 % de la población total de más de 8 millones de habitantes en la región.
Están en la cárcel principalmente por robos y delitos similares
La disparidad entre el porcentaje de población y el de reclusos plantea interrogantes sobre los factores que pueden estar influyendo en esta situación. Los principales delitos cometidos por estos jóvenes marroquíes se engloban en los llamados "delitos contra el patrimonio".
Específicamente, 138 están encarcelados por robos con violencia e intimidación, 13 por robos en casas habitadas y 11 por hurtos. Además, un 4,24 % de ellos cumple condena por delitos contra la libertad sexual y otro 4,24 % por delitos de lesiones. Es importante destacar que el 100 % de estos reclusos son hombres.
La mayoría de estos jóvenes se encuentran en el Centro Penitenciario de Jóvenes en la Roca del Vallès, que alberga a 107 internos marroquíes. Otros están distribuidos en prisiones como Mas d'Enric en Tarragona (30 internos), Puig de les Basses en Figueres (27) y Quatre Camins también en la Roca del Vallès (25).
Organizaciones que trabajan con inmigrantes subrayan la necesidad de implementar políticas públicas que fomenten la inclusión y brinden oportunidades reales de desarrollo. Programas de educación y formación profesional, así como iniciativas que promuevan la participación activa en la comunidad, son vistas como herramientas clave para prevenir la delincuencia y facilitar la integración. Una postura buenista que contrasta con la opinión de mucha gente.
Salvador Illa, nuevo Presidente de la Generalitat, no tiene ningún plan para abordar este grave problema.