La Audiencia de Tarragona ha condenado a un agente de la Guardia Urbana de Tarragona por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la ACN, el acusado se quedaba el importe de las multas de tráfico que imponía, sobre todo a conductores extranjeros, quienes pagaban en efectivo. Las partes llegaron a un acuerdo y se decidió suspender su ingreso en prisión durante los dos años que se le imputaban con tal que no cometa ningún delito durante este tiempo. Sin embargo, tendrá que pagar una multa de cinco euros diarios durante trece meses, indemnizar al Ayuntamiento con 600 euros y no podrá ocupar un cargo público durante tres años y nueve meses.
Según la sentencia, el condenado es un funcionario del Ayuntamiento de Reus que durante el período 2019 y 2020 -cuando se cometió el delito- prestó sus servicios como agente de la Guardia Urbana de Tarragona. Concretamente, trabajó en la Unidad de Tráfico y en la Unidad de Vigilancia de Playas, donde, entre otros, tenía las funciones de vigilancia, control, disciplina y regulación del tráfico.
Con voluntad de beneficiarse económicamente y aprovechando su cargo, el acusado se quedaba con el importe de las multas que imponía a los ciudadanos, principalmente, conductores extranjeros, quienes abonaban las cantidades en efectivo en la vía pública, con una reducción del 50% y sin que el agente en cuestión informara de los hechos ni tramitara el ingreso del dinero en la cuenta bancaria de la Diputación de Tarragona.
En total, se quedó con el importe de seis multas valoradas en 50 euros y tres de 100 euros. Según la sentencia, el importe de los perjuicios ocasionados al patrimonio público fue tasado pericialmente en 600 euros. Además, y para que sus acciones no fueran descubiertas, el acusado escondía los boletines de las denuncias en el interior de su taquilla personal de la comisaría de la Guardia Urbana de Tarragona.
Las penas
El acusado ha consignado 800 euros antes del inicio del juicio para reparar el daño causado. Sin embargo, y pese a que la fiscalía le pedía cinco años de cárcel, este jueves han llegado a un acuerdo de conformidad todas las partes -fiscalía, defensa y acusación particular- y se ha decidido condenar al agente a un año y tres meses de prisión, nueve meses de multa -cinco euros al día- y la inhabilitación para ocupar un cargo público durante dos años y tres meses por el delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, así como una pena de nueve meses de prisión, cuatro meses y quince días de multa -cinco euros al día- y la inhabilitación para ocupar un cargo público durante un año y seis meses por el delito continuado de malversación de caudales públicos. Además, deberá indemnizar al Ayuntamiento de Tarragona con 600 euros.
Por último, las partes también han aceptado la suspensión de la pena de prisión de dos años con tal que el acusado no delinca durante este periodo de tiempo.