El Departament de Territori ha abierto este lunes el plazo de solicitud de ayudas para el pago del alquiler para personas de entre 36 y 64 años. Las peticiones se pueden presentar hasta el 10 de mayo y la dotación presupuestaria inicial es de 20 millones de euros. Las ayudas al pago del alquiler -concedidas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña- se destinan a personas que no se encuentran en riesgo inminente de exclusión pero que necesitan de una ayuda para poder seguir residiendo en la vivienda donde viven .
No son lineales y de una cantidad fija, sino que se ajustan al esfuerzo que supone para cada persona el pago del alquiler en función de sus ingresos, con un máximo de 200 euros y un mínimo de 20 euros al mes.
Las ayudas también tienen en cuenta la situación geográfica de la vivienda, en lo que se refiere al tope máximo del alquiler que puede ser subvencionable, que va de los 900 euros mensuales por vivienda y 450 por habitación en el ámbito metropolitano de Barcelona; 650 euros (350 por habitación) en el resto de la demarcación de Barcelona y en la demarcación de Girona; y de 600 euros por vivienda y 300 por habitación en las demarcaciones de Tarragona, Lleida y en las Terres de l'Ebre.
Se pueden presentar las solicitudes electrónicamente a través de la web de Trámites de la Generalidad de Cataluña y presencialmente en las sedes que se especifican en la convocatoria. En febrero ya se abrieron las convocatorias para jóvenes hasta 35 años y para mayores de 65 años.
Un fuerte incremento de precios en los últimos años
El incremento en los precios del alquiler en Catalunya se ha convertido en un tema de gran preocupabilidad social y económica, afectando a una amplia gama de residentes en la región. Este fenómeno, observable en los últimos años, ha sido impulsado por varios factores que interactúan entre sí, generando tensiones y desafíos tanto para inquilinos como para políticos.
Una combinación de factores
Catalunya, y especialmente Barcelona, es un destino turístico de primer orden, lo que ha incentivado la compra de viviendas para su uso como alquileres vacacionales. Esto ha reducido la disponibilidad de viviendas para alquiler a largo plazo y ha empujado los precios al alza. La especulación inmobiliaria también ha jugado un papel significativo, con inversores comprando propiedades con el objetivo de obtener ganancias rápidas.
La región ha experimentado un sólido crecimiento económico, atrayendo a un gran número de trabajadores de otras partes de España y del extranjero. Esto ha incrementado la demanda de alquileres, sobrepasando la oferta existente y elevando los precios.
Ha habido críticas hacia las políticas de vivienda por no expandir significativamente la oferta de vivienda pública o asequible. Los esfuerzos gubernamentales han sido vistos como insuficientes para abordar la magnitud de la demanda.
Finalmente, las regulaciones sobre alquileres en Catalunya han pasado por varios ajustes y revisiones, especialmente en términos de control de precios y protecciones para inquilinos. Sin embargo, las tensiones entre propietarios, inquilinos y autoridades locales han complicado la implementación de políticas efectivas.