El caso del asesinato de una chica trans, presuntamente a manos de un okupa marroquí sigue siendo uno de los temas del día y genera mucha preocupación. El autor de los hechos sería Yahya Mazouri, de 27 años, que quiso 'agradecer' a su casero y padre de la joven asesinada que le acogiera en su local comercial de Pamplona para poder dormir. Mazouri dio porblemas desde el principio. Se negaba a pagar el alquiler y tenía problemas con los demás inquilinos.
La historia continuó con la agresión del okupa al casero, quien llegó a pedir una orden de alejamiento porque temía por su vida. La siguiente víctima no ha sido él, sino que ha sido su hija, que ha recibido varias puñaladas que le han provocado la muerte.
La paciencia tiene un límite y el padre de la joven asesinada presuntamente por un okupa marroquí ha decidido romper su silencio y expresar públicamente su indignación ante lo que considera una serie de fallos del sistema que llevaron a la trágica muerte de su hija. El caso ha conmocionado a la opinión pública, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por los antecedentes del asesino, un ciudadano marroquí con 14 antecedentes penales, que se encontraba en situación ilegal en el país y, a pesar de ello, recibía una ayuda mensual de 800 euros del gobierno.
En una reciente entrevista en Cuatro, el padre de la víctima relató con detalle el sufrimiento que su familia ha tenido que soportar, no solo por la pérdida de su hija, sino por la frustración de saber que las autoridades estaban al tanto del peligro que representaba el okupa marroquí. Según explicó, las amenazas de muerte hacia su hija y otros inquilinos eran constantes, incluso con la presencia de un cuchillo en alguna ocasión. La situación era insostenible y, aunque se interpuso una denuncia, las medidas para proteger a la joven no fueron suficientes.
14 antecedentes y una ayuda de 800 euros
Lo que ha causado mayor indignación es el hecho de que el okupa marroquí, a pesar de estar en situación ilegal y contar con un historial de 14 antecedentes penales, seguía recibiendo una ayuda mensual de 800 euros. Según el relato del padre, estas ayudas permitían al asesino mantenerse en el país y continuar con sus actividades delictivas. “Le daban 800 euros al mes, estando ilegal, y con todos esos antecedentes. Era incomprensible”, afirmó el padre en su entrevista, visiblemente afectado por la impotencia de saber que el sistema falló en proteger a su hija.
El hecho de que este individuo recibiera ayudas del gobierno ha provocado una oleada de críticas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Muchos ciudadanos se preguntan cómo es posible que una persona con tantos antecedentes y sin regularizar su situación legal en el país siga recibiendo fondos públicos. Según el padre de la víctima, la familia había solicitado repetidamente la deportación del okupa marroquí, pero su país de origen se negó a aceptarlo.
Amenazas ignoradas y un final trágico
El día del crimen, según las palabras del padre, las amenazas del okupa marroquí se volvieron más intensas. Sin embargo, no se tomaron medidas contundentes para evitar la tragedia. El padre, desesperado por la falta de acción, llegó a cambiar el bombín de la puerta de la casa para intentar proteger a su hija, pero esto no fue suficiente para detener el curso de los acontecimientos.
En sus declaraciones, el padre lamenta que las autoridades no actuaran de manera más firme y rápida. “Lo tenían todo, sabían que estaba ilegal, sabían que tenía antecedentes, y aún así seguía libre y recibiendo dinero”, expresó. El dolor de perder a su hija, sumado a la frustración por un sistema que, a su juicio, falló en prevenir el crimen, ha dejado a esta familia devastada.
Un sistema que no puede continuar
El caso ha abierto un debate sobre el sistema de justicia y las políticas de inmigración. La situación del okupa marroquí, con 14 antecedentes penales, en situación ilegal y receptor de una ayuda económica, ha planteado preguntas sobre la eficacia del sistema para manejar casos como este.
La historia de esta familia se ha convertido en un símbolo de lo que muchos consideran un sistema fallido. La muerte de la joven a manos de un individuo que, según ellos, nunca debería haber estado en libertad ni recibiendo ayuda del estado, ha generado una gran indignación.